martes, 15 de marzo de 2016

Reflexiones sobre el Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras



Interesante artículo del Lcdo. y Abg. Alejandro Cáribas (Licenciado en Administración) y Ex Presidente del Banco Activo


Alejandro Caribas.- Este tipo de tributo dirigido a gravar las transacciones que se realizan en el sistema bancario se implementa cuando las sociedades se encuentran ante coyunturas fiscales caracterizadas por reducciones de importancia de los ingresos fiscales, en nuestro caso: caída de los ingresos petroleros, dificultades para acceder al endeudamiento en los mercados internacionales, rigidez para disminuir el gasto público, elevados niveles de déficit fiscal, condiciones adversas para incrementar la carga tributaria de los contribuyentes por otra vía, aunque en decreto-ley de esta misma fecha se incrementó la tarifa del último tramo para las personas jurídicas del 34% al 40%.

Se acude al mismo por tratarse de un impuesto de resultados inmediatos por la celeridad de su recaudación y de enterar al fisco, por su mínimo impacto sobre los costos de su recaudación que, como se sabe, la operatividad y la responsabilidad recae en las instituciones bancarias y además, de mínima evasión.

En las consideraciones contenidas en la exposición de motivos del Decreto no se alude a razones objetivas de la situación económica o fiscal del país, se menciona a la “guerra económica” instaurada por sectores contrarios al Estado Socialista, como uno de los factores que obliga a efectuar este tipo de cambios en el ordenamiento jurídico tributario, para aportar progresividad y equidad al sistema tributario en correspondencia con la concepción del Estado Socialista, destinado a la prosperidad y bienestar del pueblo.

Antecedentes

El primer impuesto de esta naturaleza fue establecido en el año 1994, dentro de un cuadro deficitario fiscal agravado por la crisis bancaria, de un 14,4% del PIB, caída significativa de los precios petroleros, con una vigencia de 8 meses, mayo a diciembre con una alícuota del 0,75%, tiempo en el cual se recaudaron aproximadamente 110.000 millones de bolívares (Faust Andreas, Leonardo Vera, Francisco Vivancos y Pedro Echeverría: “El Impuesto al Débito Bancario: Caso Venezolano” Revista en Línea.Saber.Ucab. Edu.Ve).

En 1999 se acudió de nuevo a este tributo ante una realidad fiscal dramática, con un barril de petróleo a $ 8, un déficit fiscal del 4,1% del PIB, con una duración de un año, de mayo 1999 a mayo 2000 y una alícuota del 0,50%.

En 2002 se implementó de nuevo este impuesto, entre otras razones por eventos políticos que afectaron sensiblemente la exportación petrolera y paralizaron sectores importantes de la economía. En una primera fase se extendió desde el 16 de marzo de 2002 hasta el 21 de agosto de 2002 y luego del 22 de agosto de 2002 hasta el 13 de marzo de 2003, con una alícuota del 0,75% en ambas fases.

En 2003 la Asamblea Nacional aprobó este tributo para ser aplicado en tres fases, la primera del 14 de marzo de 2003 hasta el 30 de junio de 2003, con una alícuota del 1%; la segunda fase del 01 de julio de 2003 hasta el 31 de diciembre de 2003, con una alícuota del 0,75% y la tercera fase, del 01 de enero de 2004 hasta el 12 de marzo de 2004, con una alícuota de 0,50%.

En 2007, con el nombre de Impuesto a las Transacciones Financieras se dictó el decreto ley respectivo, con una vigencia desde el 01 de noviembre de 2007, hasta el 31 de diciembre de 2008, con una alícuota del 1,5%, la más elevada de todas, incluyendo la de 2016.

En 2015, el 30 de diciembre, se publicó en la Gaceta Oficial No. 6210 Extraordinario el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras, el primero sin vigencia temporal determinada en su propio texto, con una alícuota de 0,75%, dictado dentro de una profunda crisis fiscal y económica, sin que se conozcan cifras oficiales al respecto, salvo la vertiginosa caída de los ingresos petroleros estimados en más de un 50%, con las consecuencias visibles de inflación y desabastecimiento, además del elevado endeudamiento externo.

Este decreto-ley le otorga la potestad al Ejecutivo para disminuir la alícuota del 0,75%, lo que constituye una violación a la previsión constitucional consagrada en el artículo 317 que reserva la creación o modificación de leyes tributarias a la Asamblea Nacional, por cuanto el Ejecutivo actuaría sin el respaldo de una ley habilitante para ello. En el año 2007, La Asociación Venezolana de Derecho Tributario levantó su voz en protesta porque este tipo de impuesto, salvo en el año 2003 que fue aprobado mediante Ley por la Asamblea Nacional, había sido dictado por el presidente de la República en ejercicio de ley habilitante, lo que consideran inconstitucional ( Revista No 116 del trimestre octubre-diciembre 2007), qué dirían ahora que el Ejecutivo, en ausencia de ley habilitante, tiene atribuida la potestad de modificar una ley tributaria.

Crítica al Decreto Ley de 2015

Si bien el citado impuesto se justifica dentro del grave deterioro fiscal y económico que afecta al país y ello permitirá recaudar en forma inmediata y sin mayores costos adicionales ingresos que morigeren la caída de los precios petroleros, se observan importantes imprecisiones en el mismo.

Ya en el siglo XVIII Adam Smith, uno de los mayores exponentes de la economía clásica alertaba sobre las características de todo tributo, que nuestros profesores resumían como las cuatro máximas de Adam Smith: Convencimiento, Claridad, Certeza y Concentración.

Con una exposición de motivos alejada de las verdaderas razones objetivas del tributo, no se contribuye al Convencimiento de los sujetos obligados a pagarlo. La propia denominación del impuesto no se corresponde con el mismo, no proporciona la Claridad indispensable, por cuanto no es cierto que se gravan las grandes transacciones, se pecha cualquier transacción, independiente de su cuantía, solo que ello depende de quién es el sujeto pasivo especial, porque una vez calificado como tal ese sujeto por el Seniat, deberá cumplir con la obligación sin considerar el monto de la misma, la Certeza no se desprende del propio instrumento tributario, sino que depende de otro organismo que produzca la calificación como sujeto pasivo especial, lo que a tenor de la providencia vigente al respecto, será la persona jurídica o entidad económica sin personalidad jurídica que haya obtenido en el ejercicio fiscal anterior ingresos brutos iguales o superiores a 30.000 unidades tributarias, es decir, Bs. 4.500.000 que, obviamente lo serán la mayoría de ellas (Gaceta Oficial No. 37.970 del 30 de junio de 2004).

Le otorga a las personas naturales la posibilidad de ser considerados como sujetos pasivos especiales sin desarrollar los criterios para tal calificación, en lugar de haberlos exceptuados como lo hizo, entre otros, el Decreto de 2007 en su artículo 8.

Conclusiones
  • Este impuesto a las “grandes transacciones financieras” como sus similares anteriores, obedece su implantación a severos problemas fiscales y económicos.
  • Es un impuesto de muy fácil recaudación con mínimos costos, de rápida disposición para su utilización por el Ejecutivo y de escasa evasión.
  • Rompe con la característica de temporalidad de todos los que le han antecedido, lo que no pareciera conveniente en tiempos de generar confianza para nuevas inversiones en la economía real o productiva.
  • No ofrece la claridad y certeza que este tipo de tributo debe ofrecer a los contribuyentes, al no definir en su texto los parámetros para ser considerado como “sujeto pasivo especial”, sino que remite su calificación en forma genérica al Seniat, lo que traerá confusiones a los contribuyentes y a los agentes de retención.
  • Al considerar a las personas naturales, como eventuales “sujetos pasivos especiales”, aunque condicionados a que paguen por personas jurídicas o entidades económicas sin personalidad jurídica, introduce elementos de duda respecto a la calificación que eventualmente pueda hacerse de la persona natural que pague en nombre de los obligados con fines de evasión, que en todo caso sería excepcional y carente de materialidad respecto al quantum de recaudación.

1 comentario:

  1. La examinación de un posible objetivo de fusión, adquisición, privatización o transacción similar de financiación empresarial exige mantener altos niveles de seguridad para proteger documentación confidencial y evitar posibles actos de fraude. Con fin de llevar a cabo dichas transacciones en condiciones seguras la mejor solución será utilizar proveedores de salas virtuales de datos confiables

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